La Corte Suprema revisa prisión preventiva por caso de lesa humanidad
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado de qué hablar, especialmente en el contexto de las prisiones preventivas en casos de delitos de lesa humanidad. La sala, en una votación dividida, subrayó la importancia de cumplir con el plazo de tres años, que es el máximo permitido por la ley. Esta definición surge en relación al caso de Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, un civil acusado de secuestrar y torturar a tres personas en La Plata durante los años previos a la última dictadura militar.
En su fallo, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, apoyados por los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza, argumentaron que la gravedad de los delitos no debería justificar la prolongación de una medida tan severa. Es importante recordar que Castillo se encuentra detenido desde diciembre de 2013 sin una condena firme. En contraparte, el juez Ricardo Lorenzetti consideró “inadmisible” el recurso presentado por Castillo.
Ahora, la causa de Castillo está bajo la jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°1 de La Plata, que comenzó a procesar el caso en mayo de 2023. En este contexto, los jueces del TOF decidieron prorrogar la prisión preventiva, citando preocupaciones sobre posibles riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. A partir de esto, la Corte Suprema ha pedido “indicios concretos” de tales riesgos, ya que la falta de estos podría convertir la prisión preventiva en una especie de condena anticipada.
En su sentencia, los jueces enfatizaron que “un Estado de Derecho no puede violar las garantías del debido proceso sin deslegitimarse”. Aunque esta decisión sienta un precedente importante, Castillo no será liberado hasta que el TOF N°1 ratifique su veredicto.
Tandil: Culpables por Crímenes en “La Huerta”
En otra noticia significativa, el Juicio de La Huerta, que abordó los crímenes cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, concluyó con condenas para ocho represores. Las víctimas provenían de diversas localidades como Tandil, Azul, Olavarría y Mar del Plata.
Después de 104 audiencias, en las que se escucharon los testimonios de 213 personas desde febrero de 2022, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dictó su fallo en un emotivo encuentro en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, donde estuvieron presentes sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Los juicios culminaron con cuatro penas de cadena perpetua para los involucrados Román Valdecantos, Héctor Martínez Salgado, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret. Otros acusados recibieron penas que varían desde 5 hasta 10 años y medio. Además, hay que señalar que el juicio también resultó en 27 absoluciones, reflejando la complejidad de estos casos.
Estos eventos no solo son cruciales para el ámbito judicial, sino que también tienen un gran impacto en la memoria colectiva de nuestra historia. Cada paso en estos juicios nos recuerda la importancia de buscar justicia y verdad en nuestro país.