El Gobierno promulga leyes de emergencia pediátrica y financiamiento
El Gobierno promulgó este martes dos leyes importantes: la de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan, y la de financiamiento universitario. Ambas fueron aprobadas por el Congreso el 2 de octubre, a pesar de que el presidente Javier Milei había vetado inicialmente estas normativas. Sin embargo, antes de que estas leyes puedan empezar a aplicarse, el Parlamento necesita definir las fuentes de financiamiento y asegurar que haya presupuesto disponible para 2026.
La promulgación se formalizó a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, que ahora están en el Boletín Oficial. Esto significa que, aunque las leyes están en pie, todavía se requiere claridad sobre cómo se cubrirán los costos. Es un tema delicado, ya que, similar a lo que pasó con la ley de emergencia en discapacidad, la implementación depende de un financiamiento preciso.
El Ejecutivo también recordó que el Congreso no especificó explícitamente de dónde saldrán los fondos. Esto hace eco de lo mencionado anteriormente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien alertó que la falta de partidas específicas puede dificultar la aplicación de leyes que generan nuevos compromisos fiscales.
Financiamiento universitario
La Ley 27.795, promulgada con el decreto mencionado, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas. Esto incluye ajustes salariales para los docentes y el personal no docente. También propone recursos para becas estudiantiles, inversión en tecnología, investigación y formación académica, con salarios que se ajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las estimaciones indican que, para cumplir con todo lo que establece la ley, se necesitarán $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026. Sin embargo, el Gobierno considera que estos números son inviables sin una definición clara de los recursos disponibles. De hecho, la Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la ley sin un financiamiento claro podría poner en riesgo el presupuesto público y generar responsabilidades para quienes tomen decisiones al respecto.
El parón nacional por parte de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) está enmarcado en esta incertidumbre, con un paro en curso debido a la demora en la promulgación de esta ley. Se prevén jornadas de protesta a lo largo de estos días.
Emergencia pediátrica: foco en el Garrahan y hospitales infantiles
Mientras tanto, el Decreto 760/2025 promulga la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica por un año. El objetivo es garantizar el acceso a servicios médicos adecuados para los más chicos, reforzar los hospitales pediátricos y mejorar los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a los que trabajan en áreas críticas.
El Hospital Garrahan ha sido designado como un centro nacional de alta complejidad. La implementación de esta ley podría costar $196.270 millones, cifras que el Ejecutivo considera difíciles de manejar, especialmente con un déficit de $102.400 millones en su cartera de Salud.
Además, se indica que la aplicación de la ley sin un financiamiento adecuado podría afectar programas vitales, como la entrega de medicamentos a sectores vulnerables y la prevención del VIH y otras enfermedades. También se hacen menciones a que ciertas disposiciones invaden competencias del Poder Ejecutivo, lo que podría complicar aún más la situación.
Contexto político
Ambas leyes fueron aprobadas con un fuerte apoyo de la oposición, y el Senado logró revertir los vetos presidenciales. A pesar de esto, el Gobierno decidió promulgar las normativas, pero condicionó su ejecución a la disponibilidad de recursos en el presupuesto.
Manuel Adorni, vocero presidencial, minimizó las tensiones en torno a la situación actual del país, destacando que, aunque estamos en un momento complicado, está lejos de ser crítico. Se refirió a las recientes declaraciones de figuras internacionales que han comentado sobre la situación de Argentina, asegurando que el Gobierno ha heredado un panorama complicado, pero que se ha logrado evitar un colapso financiero.
La postura oficial es clara: no se puede desembolsar lo que no se tiene, y eso afecta las decisiones sobre implementaciones de leyes sociales y educativas.