Alejandro Nadur denuncia a dirigencia de Huracán por cámaras
El expresidente del Club Atlético Huracán, Alejandro Nadur, ha presentado una denuncia penal contra el actual presidente de la institución, Abel Poza. La acusación se basa en la presunta utilización de material audiovisual obtenido de manera ilegal a través de cámaras de videovigilancia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la denuncia, dichas imágenes habrían sido empleadas como prueba para solicitar su expulsión como socio del club.
La causa se tramita en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60. Nadur cuenta con el apoyo del abogado Guido Oclander, quien ha acusado a Poza de difundir grabaciones protegidas por leyes de confidencialidad y protección de datos personales. Esto podría implicar infracciones a varios artículos del Código Penal.
El conflicto por imágenes obtenidas de cámaras del gobierno porteño
El 22 de abril de 2025, Abel Poza denunció a Nadur ante la Comisión Directiva de Huracán. Lo acusó de haber violado una suspensión estatutaria al ingresar al estadio Tomás Adolfo Ducó. Para respaldar su denuncia, habría usado imágenes de la Unidad de Control Operativo (UCO), un sistema de vigilancia creado para garantizar la seguridad pública en eventos deportivos.
El Tribunal de Honor del club confirmó que las grabaciones provenían de las cámaras de la UCO, gestionadas por la Policía de la Ciudad. Según la Ley 5847 de Buenos Aires y la Ley Nacional 25.326, este tipo de material no se puede utilizar para objetivos privados que no sean de seguridad pública.
Nadur ha expresado que existe una larga campaña de desprestigio en su contra, afirmando que el uso de pruebas obtenidas ilegalmente es un paso más en la vulneración de sus derechos. “Estamos ante una conducta de gravedad institucional”, afirmó.
La investigación ya ha avanzado, tomando declaraciones y solicitando informes a organismos públicos y empresas de seguridad. El objetivo es determinar cómo se accedió a este material y quiénes fueron los responsables de su difusión dentro del club.
Los abogados de Nadur consideran que el caso tiene una gravedad institucional inusual. El supuesto uso político de una red de videovigilancia estatal no solo afecta lo deportivo, sino que también compromete la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Cruce político y antecedentes dentro del club
El conflicto entre Alejandro Nadur y la dirección actual del club tiene antecedentes que se remontan a varios años. Nadur considera que esta denuncia se inscribe en una disputa interna que se acentuó tras las elecciones de 2021, donde perdió la presidencia por apenas 23 votos.
“Desde hace años estoy siendo objeto de una campaña de desprestigio. Esto ha dejado de ser una disputa política y se ha convertido en una persecución personal”, comentó Nadur. Durante su gestión, que duró de 2011 a 2021, Huracán logró esquivar numerosas dificultades y cosechar títulos significativos.
Posibles implicancias legales y éticas
La denuncia alerta sobre el uso indebido de cámaras de seguridad públicas, lo que podría vulnerar derechos de privacidad y el principio de finalidad pública que rige la legislación actual. Nadur ha subrayado que no solo se han violado sus derechos personales, sino también leyes fundamentales que deberían garantizar la seguridad y transparencia en el club.
Además, Nadur ha solicitado ser reconocido como parte querellante para impulsar la investigación. Busca esclarecer el acceso, la cesión y la difusión de esas grabaciones, así como investigar la posible participación de funcionarios en este caso.
Un caso que pone a prueba la institucionalidad del fútbol argentino
La causa judicial plantea muchos interrogantes sobre los límites del control político en las instituciones deportivas y sobre el uso de recursos públicos con fines privados. En un contexto de fuerte polarización interna, el enfrentamiento Nadur–Poza podría sentar un precedente importante sobre el uso de la videovigilancia estatal en contextos distintos de la seguridad.
Por mientras, la Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios. La defensa de Nadur insiste en que se debe garantizar la independencia judicial y que se investiguen las responsabilidades legales correspondientes, tanto de las autoridades del club como de posibles actores gubernamentales.