Diputados definen fecha para debate del presupuesto 2026
En una larga sesión que se extendió hasta la noche, los Diputados decidieron por votación a mano alzada emplace a la Comisión de Presupuesto para comenzar a discutir la “Ley Madre” para 2026, que fue enviada por el Poder Ejecutivo a mediados del mes pasado. La primera reunión está programada para el 14 de octubre, ya sin la presencia de José Luis Espert, quien era el presidente de la comisión.
Aparte de esto, se ratificaron seis sesiones informativas y una séptima para la dictaminación el 4 de noviembre. El primer encuentro se llevará a cabo el próximomartes a las 15 horas, con un calendario que incluye el 15 y 21 de octubre, además del 22, 28 y 29 de octubre.
En cuanto a las convocatorias, se anticipó que funcionarios del equipo del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, participarán de las reuniones. Se espera la presencia de Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de Nación, y Pablo Quirno, a cargo de la Secretaría de Finanzas.
Además, la oposición dejó claro que quieren que el oficialismo mantenga la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que actualmente está acéfala. Esto podría alinear sus deseos con la intención del presidente de nombrar a Alberto “Bertie” Benegas Lynch como nuevo titular, una definición que se verá oficializada el próximo martes.
Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un pedido judicial para investigar a José Luis Espert. Esta solicitud, impulsada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, fue aprobada con 215 votos a favor y 3 abstenciones. Aunque no se conocieron detalles de las medidas solicitadas, se sabe que la investigación contra Espert involucra acusaciones de lavado de dinero, relacionado con el cobro de 200.000 dólares de Fred Machado, quien aparece vinculado al narcotráfico en Estados Unidos. Esta causa empezó a raíz de una denuncia de Juan Grabois, quien advirtió que el dinero podría estar ligado a una maniobra de lavado.
Por último, también se aprobó en la sesión una ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Aunque se logró la aprobación general con 140 votos, no se consiguió apoyo suficiente para un artículo que imponía un plazo al Congreso para que se expidiese sobre estas herramientas. Así, el Gobierno logró evitar un traspié adicional, ya que el texto regresará al Senado para su sanción definitiva. Las negociaciones con gobernadores fueron cruciales para este resultado.