Javier Milei enfrenta denuncia por decisión sobre Cristina Kirchner
El presidente Javier Milei se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en la justicia. Todo comenzó cuando, en una entrevista en el canal LN+, Milei admitió abiertamente que él fue quien “tomó la decisión” de encarcelar a la exmandataria Cristina Kirchner.
En sus declaraciones, Milei afirmó: “puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, refiriéndose a la condena que pesa sobre la expresidenta. Esta confession ha generado un gran revuelo y, naturalmente, ha llevado a que varios ciudadanos y abogados presenten denuncias.
Una de estas denuncias la hizo el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a Cristina en algunas causas civiles. Dalbón solicitó la “indagatoria” de Milei, argumentando que sus palabras constituyen una invasión a otro poder del Estado. También está la denuncia de la abogada Valeria Carreras, y ambas están siendo tramitadas en los tribunales de Comodoro Py.
Los denunciantes sostienen que lo dicho por Milei es un “claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”. Dalbón, al respecto, expresó que las palabras del presidente refuerzan la idea de “lawfare” y lo que sucedió en el caso de Vialidad, donde Cristina terminó con una condena firme de la Corte. Según él, esta declaración no hace más que confirmar un relato donde la justicia queda subordinada al poder político. Esto sugiere que los jueces ya actuaron condicionados por decisiones previas del Ejecutivo.
Por su parte, la abogada Carreras aseguró que la confesión de Milei “deja expuesta explícitamente la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. En sus palabras, “es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes” y de las garantías de debido proceso.
Las denuncias realizadas se centran en el delito de “abuso de autoridad”, tipificado en el artículo 248 del Código Penal argentino. Según este artículo, el funcionario público que asuma competencias que no le corresponden o ejerza las suyas de manera abusiva puede enfrentar penas de un mes a dos años de prisión, además de inhabilitación especial por el doble tiempo.