Piden juicio por delitos de lesa humanidad ante riesgo de impunidad
Organismos de derechos humanos del NOA le pidieron al Tribunal Oral Federal de Tucumán que se defina lo más pronto posible la audiencia preliminar y que arranque el juicio en la causa Ingenio La Fronterita. Esta causa lleva más de diez años en trámite por delitos de lesa humanidad, imputados durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico-militar.
En la presentación, se destacó el riesgo de lo que se llama “impunidad biológica”, ya que los dos imputados superan los 84 años y las víctimas cuentan con más de 70. Se subrayó que tanta espera podría derivar en una responsabilidad internacional hacia el Estado argentino, por la falta de acceso a la justicia que están experimentando las víctimas.
El documento, que fue presentado esta semana al tribunal compuesto por los jueces subrogantes Abelardo Basbus, Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano, hace hincapié en las demoras que se han acumulado en procesos para designar magistrados definitivos. A pesar de comprender la situación, la nota afirmaba que “la justicia no puede seguir retrasando el avance de la causa”, que ya lleva más de cuatro años esperando por una audiencia preliminar y el inicio del debate. La presentación cuenta con las firmas de organizaciones como la Asociación de ExPresos Políticos de Tucumán y Madres de Plaza de Mayo, entre otras.
Desde la parte legal, la causa es respaldada por la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Rodrigo Scrocci, un miembro de la ONG, comentó que hay un verdadero riesgo de impunidad biológica por el paso del tiempo. “No sólo preocupa que los acusados mueran sin ser juzgados, sino también las repercusiones que esto tiene para las víctimas”, afirmó Scrocci, quien representa a la familia de Fidel Jacobo Ortiz, un sindicalista del ingenio que está desaparecido desde 1976.
Los acusados, Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, formaban parte del directorio de La Fronterita en ese entonces, y se les imputa facilitar la participación en crímenes de lesa humanidad contra trabajadores del ingenio. Se recuerda que un tercer acusado ha fallecido durante esta etapa.
La Cámara Federal de Casación Penal, en abril, confirmó los cargos contra estos ejecutivos que habían sido determinados por un tribunal inferior en 2021, rechazando las solicitudes de sus defensores para desestimar los cargos. Así, se va avanzando hacia el juicio, casi una década después de que empezó la investigación.
Es importante subrayar que muchas de las víctimas esperan justicia desde hace más de 50 años. Algunas ya habían denunciado su situación ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), mientras que otras recién comenzaron a romper el silencio gracias al avance de las causas por delitos de lesa humanidad que se han dado en el país desde 2003.
La investigación se basa en que los militares establecieron una base en el ingenio La Fronterita en 1975, tras el lanzamiento del Operativo Independencia. Este ingenio, ubicado en Famaillá, a 41 kilómetros de la capital tucumana, se convirtió en un centro clandestino entrenado para operaciones durante gran parte de la dictadura, hasta 1983.
Los imputados están acusados de varias violaciones graves, como privación ilegal de la libertad, tortura y asesinato. Las víctimas fueron secuestradas en viviendas de la empresa y conducidas a un centro clandestino que funcionaba dentro del ingenio. Este lugar albergaba a personas perseguidas por su activismo político o social.
En su fallo de 2021, se mencionó que los acusados facilitaron diversas instalaciones y servicios a los militares, y que sin su colaboración, muchos de los crímenes no podrían haberse llevado a cabo. Entre 1975 y 1978, al menos 82 trabajadores del ingenio fueron secuestrados, de los cuales 67 fueron liberados, dos asesinados, y 13 permanecen desaparecidos.
La ONG ANDHES reiteró su pedido al TOF de agilizar el proceso y realizar la audiencia preliminar, apoyándose en directrices de la Cámara Federal de Casación Penal que exigen celeridad para juicios que juzgan delitos de terrorismo de Estado. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta favorable. Para el 2025, no está previsto que se realicen juicios por crímenes de la dictadura en Tucumán, algo inédito en los últimos 15 años, salvo el paréntesis de la pandemia.
Por último, la planta de ingenio Fronterita fue vendida a subsidiarias de Coca-Cola. Durante su quiebra, los Minetti intentaron vender tierras de plantación, pero el proceso fue bloqueado por ser parte de la investigación en curso. Además, hay áreas dentro de la planta que tampoco pueden ser intervenidas por las mismas razones.