Diputados critican al Gobierno por la suspensión de la ley

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero, a su vez, informó que su implementación quedará en pausa hasta que el Congreso apruebe fondos específicos en el presupuesto. Esta situación está sostenida por el Decreto 681/2025, que invoca artículos de leyes anteriores que exigen tener previsto el financiamiento para cualquier ley que genere gastos.

El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 ya fue presentado al Parlamento, y es allí donde se deben definir los recursos necesarios para llevar a cabo esta norma. La ley había sido vetada en agosto, pero tras insistencia por parte del Congreso, fue enviada de nuevo al Ejecutivo para su promulgación.

El tema ha generado revuelo entre algunos legisladores. Por ejemplo, Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista, habló sobre “cinismo y crueldad”, acusando al gobierno de Javier Milei de haber devuelto la ley al Congreso para retrasar su cumplimiento. Según él, esta acción desafía la voluntad del pueblo, algo que no se había visto antes con tanta claridad.

¿Qué establece la ley?

Aunque todavía no se puede ejecutar, aquí están algunos puntos claves de la ley:

  • Declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga de un año.
  • Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para garantizar la protección social, que será del 70% del haber mínimo, permitirá la compatibilidad con empleo y garantizará la suspensión automática si se supera un límite de ingresos.
  • Asegura cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y otras prestaciones correspondientes.
  • Declara de interés público los servicios de los prestadores bajo la Ley 24.901, fijando una compensación de emergencia por la brecha entre aranceles e índices de precios.
  • Se extiende a tres años la exención del 50% de contribuciones patronales para los empleadores que contraten personas con discapacidad.
  • Reforzará la ANDIS y exigirá informes anuales relacionados con la ejecución y pagos.

La situación está en desarrollo y muchos esperan que pronto se vuelvan a discutir la implementación de esta ley que podría mejorar la calidad de vida de muchas personas.

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