La Justicia solicita acciones para evitar la liquidación forzada
La histórica cooperativa SanCor está enfrascada en un momento crítico. El Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, bajo la dirección del juez Guillermo Adrián Vales, ha exigido que la empresa presente, en un plazo de diez días, un “Plan de Crisis”. Este plan debe ser claro y detallado, buscando asegurar la continuidad de sus operaciones y evitar una liquidación forzada. En este documento, se requiere incluir acuerdos con inversores, estrategias de financiamiento y posibles cambios en la gestión.
Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre SanCor. Recientemente, se registraron dos pedidos de quiebra: uno proviene de exempleados que aceptaron retiros voluntarios y el otro, respaldado por el gremio ATILRA, resalta la falta de pago de salarios desde abril a agosto, acumulando deudas laborales que superan los 83.000 millones de pesos. Esto incluye pasivos históricos y recientes que ni la cooperativa ha podido cumplir.
El juez subrayó la importancia de evaluar la viabilidad de la cooperativa no solo desde el ángulo legal, sino también en términos económicos y productivos. Pidió que la crisis se “humanice”, priorizando la continuidad laboral y tratando de evitar despidos. Además, el plan debe ser presentado de forma presencial por consejeros y gerentes, respaldado por información contable.
En lo que respecta a la producción, la situación es alarmante. SanCor está procesando volúmenes mínimos de leche, principalmente para terceros, y la presencia de sus productos en los supermercados es casi nula. El 90% de las plantas industriales permanece inactiva, y la planta de Devoto, en Córdoba, opera en parte, bajo un contrato de producción con otra firma que aporta insumos.
En el último año, la cooperativa ha perdido más de 500 puestos de trabajo, a raíz de retiros, jubilaciones y despidos. Actualmente, los trabajadores reclaman 1.860 créditos laborales por un total de 69.000 millones de pesos. En los últimos cinco meses, el pasivo laboral sumó 14.000 millones, y la empresa no ha respondido a más de 2.500 intimaciones de pago realizadas por ATILRA.
La caída en las ventas, la falta de productos en las góndolas y los problemas de abastecimiento complican aún más la situación, afectando tanto la operativa como la relación con los proveedores. Esto hace que la presentación de un plan creíble ante la Justicia sea más urgente que nunca.
La resolución del juez exige que el plan contenga medidas sobre la gestión financiera, acuerdos con inversores, reorganización del personal y alternativas operativas. Los síndicos también deben presentar un informe sobre los fondos líquidos disponibles y examinar cómo aumentar la asignación de ingresos al pago de deudas.
El objetivo principal es evitar una liquidación forzada, que conllevaría la venta de activos sin asegurar la continuidad del negocio. Por su parte, los pedidos de quiebra por parte de empleados buscan mantener las plantas activas y preservar los puestos de trabajo mientras se negocia un posible inversor o se implementa una reestructuración viable.
Si no se presenta un plan exitoso, SanCor, un símbolo del sector lácteo argentino, podría dejar de existir. Después de casi 90 años de historia, la cooperativa enfrenta una de las pruebas más difíciles de su trayectoria, marcada por presiones judiciales, reclamos laborales y la imperiosa necesidad de encontrar un camino que permita mantener la producción y la continuidad laboral.