Los vetos de Milei reúnen a la oposición para sesión en Diputados

Los impulsores de la próxima sesión en la Cámara de Diputados tienen que conseguir dos tercios de los votos, lo que significa que, si todos los diputados estuvieran presentes, necesitarían alcanzar un mínimo de 172 votos de un total de 257. Mirando hacia atrás, en las votaciones de agosto, la ley de financiamiento universitario recibió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, mientras que el proyecto de emergencia pediátrica tuvo 159 respaldos, con 67 en contra y 4 abstenciones. Solo la segunda propuesta logró alcanzar los dos tercios necesarios. Si logran este objetivo, la decisión pasará al Senado, donde la oposición tiene más poder.

El mes pasado, la oposición ya había logrado revertir el veto a la emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor. No obstante, el oficialismo blindó otra medida relacionada con aumentos a las jubilaciones, obteniendo 160 votos a favor y 83 en contra. Este clima de paridad se repetirá el miércoles 17, y existe la posibilidad de que se dividan las sesiones, con la segunda programada para el 24 de septiembre. Hay dos bloques más o menos alineados: por un lado, los distintos grupos de peronismos, la disidencia radical, los provincialistas, la izquierda y algunos libertarios; por otro lado, el bloque oficialista alineado, el PRO y radicales también afines. ¿Habrá nuevos “héroes” que se sumen al debate?

Una de las primeras acciones concretas del Gobierno para lograr esos apoyos fue una reunión en Casa Rosada. Allí, Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior, recibieron a tres gobernadores aliados: el mendocino Cornejo, el chaqueño Zdero y el entrerriano Frigerio. Estos gobernadores representan cinco diputados, y podrían unirse a dos sanjuaninas y dos chubutenses que ya mostraron su apoyo al oficialismo. Torres incluso promovió un acuerdo para la obra pública y la condonación de deuda con el ministro de Economía.

Caputo, por su parte, estuvo presente en la reunión con “los gobernadores afines”, lo que indica que hay respuestas económicas a las demandas de las provincias. Este arranque ya se presenta complicado, dado que vetó un proyecto que los mismos gobernadores, tanto aliados como opositores, habían impulsado: la distribución automática del 1% de los ATN. Aquellos que asistieron a Casa Rosada podrían recibir garantías sobre soluciones a corto plazo, distanciándose de la figura del jefe de Gabinete, cuya credibilidad se ha visto afectada.

Sin embargo, hay un creciente distanciamiento dentro del oficialismo. Varios gobernadores parecen haber roto lazos con Casa Rosada y están buscando fortalecerse como una alternativa electoral a partir del 10 de diciembre. Los peronismos de Salta, Catamarca y Tucumán han tomado decisiones firmes, y el descontento también crece en la gobernación de Río Negro. Entre todos, estos gobernadores manejan 22 diputados, y sus posturas serán cruciales para el desenlace de las votaciones en la siempre tensa Cámara de Diputados.

Diputados: qué dicen los proyectos vetados

El temario del próximo 17 de septiembre incluye cuestiones muy relevantes, como la creación de una comisión investigadora sobre las coimas en ANDIS y una reforma a la Ley de DNU, que limitaría los decretos a áreas específicas. La idea es que ambas cámaras del Congreso tengan un plazo de 90 días para ratificarlos en lugar de solo requerir mayoría en una de ellas. Sin embargo, el foco principal será el tratamiento de los proyectos que fueron vetados.

Uno de los vetos a revertir es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año. Esta iniciativa ha surgido a raíz de las solicitudes de los trabajadores del Hospital Garrahan y busca mejorar el sistema de residencias médicas. Se requiere un presupuesto específico para asegurar recursos prioritarios, mejorar los salarios del personal de salud y derogar una resolución del Ministerio de Salud que modificó el sistema de residencias. La inversión anual necesaria ascendería a $133.433 millones.

Además, se discutirá el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Este proyecto pretende reiniciar paritarias que han estado paradas desde octubre del año anterior, así como destinar fondos para el funcionamiento de las universidades y financiar becas. Se propone un fondo de $10.000 millones, con actualizaciones anuales, para facilitar el ingreso a carreras estratégicas. Según proyecciones, este proyecto tendría un impacto de $1.959.974 millones en el presupuesto del año.

Las autoridades académicas han anunciado que organizarán una movilización, coincidiendo con el día de la sesión, para visibilizar la crítica situación que atraviesan las universidades. “La falta de una ley genera un vacío normativo que impide a las universidades conocer su presupuesto anual”, destacó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en una conferencia de prensa. Además, trabajadores del sector universitario y de salud se unirán a un paro el 12 de septiembre, para reclamar contra los vetos que emergieron en las últimas semanas.