Recientemente, la justicia ha decidido archivar la investigación relacionada con las visitas de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Esta decisión fue solicitada por el fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, quien alegó la falta de elementos suficientes para continuar con el proceso judicial.
La causa se inició para esclarecer las circunstancias de la visita realizada el 11 de julio de 2024, cuando seis diputados de LLA, entre ellos Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, se presentaron en el penal donde se encuentran alojados varios represores, incluido Alfredo Astiz. Este hecho fue denunciado ante la justicia federal por el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, quien supervisa la ejecución de penas a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Desestimación de la Investigación
El fiscal Mola propuso el archivo de la investigación en base a la ausencia de pruebas que justificaran imputaciones. En su análisis, Mola mencionó que los diputados se presentaron como representantes del Estado con el fin de verificar las condiciones de detención de los internos. Además, indicó que la actitud del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no parecía ilógica, dado que no se realizaron procedimientos de control más estrictos durante la visita.
El fiscal también destacó que, en su experiencia, los operadores judiciales no son sometidos a controles especiales al ingresar a los establecimientos penitenciarios, sugiriendo que no había razón para que se tratara a los legisladores de manera diferente.
Contexto y Reacciones
Este archivo de la investigación ha generado reacciones mixtas. Algunos sectores consideran que es un paso hacia la impunidad, mientras que otros argumentan que la falta de pruebas sólidas justifica la decisión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha estado en el centro de la controversia debido a su vinculación con el SPF y la gestión de estas visitas.
El hecho de que la justicia haya cerrado la causa ha dejado un clima de incertidumbre entre los familiares de las víctimas de la dictadura y los defensores de los derechos humanos, quienes ven en estas acciones un riesgo para la memoria y la justicia.
Implicaciones para el Futuro
La decisión de archivar la investigación plantea interrogantes sobre el papel de los legisladores en la supervisión de instituciones penitenciarias y cómo estas visitas podrían afectar la percepción pública sobre el compromiso del gobierno con los derechos humanos. Este caso resalta la necesidad de un debate más profundo sobre la relación entre política y justicia en el contexto actual.
Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada y participe activamente en la discusión sobre estos temas cruciales. Comparte esta información y contribuye a fomentar un diálogo constructivo sobre la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país.
