Vicentin se encuentra en una de las etapas más críticas desde que entró en default en diciembre de 2019, con deudas superiores a los 1.300 millones de dólares. Actualmente, la empresa está en proceso de cramdown, y cinco empresas agroindustriales ya se han inscrito formalmente para competir por el control de la histórica cerealera. Este movimiento busca garantizar la continuidad de la compañía y evitar su quiebra.
Las empresas que han manifestado su interés son Molinos Agro, Commodities SA, Bioenergías Agropecuarias, Barbero Cereales y Yabitel SA. Todas ellas han cumplido con los requisitos impuestos por el juez Fabián Lorenzini, quien ha establecido que la inscripción previa es obligatoria para cualquier firma que desee participar en la fase decisiva del proceso, donde se presentarán ofertas concretas para sanear los pasivos y atraer a los acreedores.
Interesados en la reactivación
Entre las empresas anotadas, destaca Molinos Agro, controlada por el grupo Pérez Companc. Este grupo ha sido un socio histórico de Vicentin, compartiendo el puerto de San Lorenzo y participando en la creación de Renova, la planta aceitera más grande del mundo. Su participación genera expectativas en el mercado sobre un posible rescate que asegure la operación y proteja los empleos.
Por otro lado, Commodities, asociado a la familia Grassi, es el principal acreedor comercial del concurso y busca adquirir la parte más valiosa del negocio. También están Bioenergías, que busca activos en el nodo norte; Yabitel, interesada en plantas de la región; y Barbero Cereales, un importante acopiador de Córdoba. Aunque ya son cinco los grupos que han cumplido con la inscripción, se espera que surjan más interesados, incluyendo un posible consorcio entre Bunge y ACA, que busca adquirir el paquete accionario mayoritario.
Desafíos y oportunidades
El juez Lorenzini tiene como objetivo cerrar el proceso antes de fin de año, buscando poner fin a uno de los concursos más prolongados y polémicos del sector. Este proceso de cramdown se activó tras el rechazo judicial de un acuerdo que Vicentin había establecido con un grupo de acreedores financieros. Actualmente, la firma enfrenta un pasivo cercano a 1.300 millones de dólares, con una deuda posconcursal que supera los 30 millones de dólares.
Con el pre-registro en marcha, el tribunal pronto decidirá si convoca a una audiencia para asegurar el acceso igualitario a los balances y documentos clave, antes de abrir la etapa formal de ofertas y designar evaluadores independientes. El futuro de Vicentin pende de un hilo, pero la llegada de nuevos interesados ofrece una luz de esperanza para la histórica cerealera.
