La Corte Suprema Declara Inconstitucional un Decreto sobre Derechos de Exportación
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional un decreto emitido en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri. Este decreto establecía derechos de exportación que afectaban a un grupo de empresas, incluidas Bagley SA, Bagley Argentina SA y Ludapez SA, permitiendo el reintegro de derechos que habían sido abonados.
La causa surgió de un conflicto entre el fisco nacional (AFIP-DGA en aquel momento) y las mencionadas empresas, quienes solicitaron la nulidad del decreto 793/2018 desde su entrada en vigencia, en septiembre de 2018, hasta su ratificación por parte del Poder Legislativo a través de la ley 27.467 de diciembre de ese mismo año.
Detalles del Decreto y su Contenido
El decreto en cuestión imponía un derecho de exportación del 12% sobre todas las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y limitaba el derecho a un máximo de $4 por cada dólar estadounidense del valor imponible.
Las Cámaras del fuero Contencioso Administrativo que intervinieron en el caso declararon la inconstitucionalidad del decreto, reconociendo el derecho de las empresas a obtener el reintegro por lo que habían pagado.
Argumentos de la Corte y Jurisprudencia Relacionada
El máximo tribunal se basó en la jurisprudencia de la Corte en el caso Camaronera Patagónica, que destaca que los derechos de exportación son considerados impuestos. Se concluyó que la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para fijar estos derechos era inconstitucional.
La AFIP-DGI presentó recursos de queja, cuestionando el precedente citado, ya que argumentó que el decreto en cuestión estaba sujeto a aprobación legislativa. Sin embargo, el tribunal, bajo la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró el planteo inadmisible, aplicando el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Implicaciones del Fallo
Este fallo no solo representa una victoria para las empresas afectadas, sino que también establece un precedente importante sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para regular los derechos de exportación. La decisión podría influir en futuros casos relacionados con la fiscalidad y la regulación de las exportaciones en Argentina.
Con este contexto, se abre un nuevo debate sobre la relación entre el Estado y las empresas, así como sobre la protección de los derechos de los contribuyentes en el país.
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