La Justicia de Chubut atraviesa un momento crítico ante las acusaciones de corrupción y abuso de poder que han sacudido al Poder Judicial. Estas denuncias han surgido a raíz de una investigación periodística que involucra al juez Claudio Alejandro Petris, quien enfrenta graves acusaciones que incluyen abuso de poder, corrupción patrimonial, coerción sexual y manipulación de fallos.
El informe detalla testimonios, audios y documentos que vinculan a Petris con maniobras de ocultamiento de bienes a través de testaferros, además de licencias médicas injustificadas y relaciones personales con beneficiarios de sus decisiones judiciales. Uno de los casos destacados es el uso de un vehículo de alta gama registrado a nombre de un joven vulnerable, que luego fue transferido a familiares del juez.
Coerción Sexual y Patrimonios Opacos
Las acusaciones se agravan con denuncias de coerción sexual y emocional. Según el informe, Petris habría emitido fallos favorables a allegados, incluyendo al exfutbolista Aldo Duscher, mientras mantenía relaciones personales con ellos. También se menciona un crecimiento patrimonial llamativo, con al menos ocho propiedades en Buenos Aires y varias en Esquel, así como vehículos de lujo y embarcaciones, sin que el juez registre declaraciones de impuestos activas.
El punto más grave de las denuncias se relaciona con situaciones de coerción sexual, donde audios revelados muestran amenazas como te pongo droga y te denuncio, empleadas para ejercer control sobre las víctimas. Estas acciones describen un patrón de violencia simbólica y presiones sostenidas.
Crisis Institucional y Reacción Política
La tensión en el ámbito judicial ha crecido, y voces anónimas del foro judicial admiten temor ante el poder de Petris, indicando que nadie se anima a enfrentarlo. La situación se complicó aún más tras el anuncio del gobernador Ignacio Torres sobre un plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios, una medida que ha sido resistida por la Asociación de Magistrados, presidida anteriormente por Petris.
En medio del escándalo, Petris renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados, alegando que las acusaciones son parte de una operación política. Afirmó que no se escudará en los fueros constitucionales si se inicia una investigación judicial.
Las denuncias contra Petris abren un debate crucial sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en el Poder Judicial. Este caso pone en jaque la transparencia y la independencia de la Justicia en Chubut, reclamando una respuesta institucional efectiva que permita esclarecer las acusaciones y asegurar que no haya impunidad en un sistema que enfrenta una de sus crisis más sensibles.
