El Gobierno nacional ha oficializado su decisión de no prorrogar la reducción de las retenciones a la soja y el maíz, lo que ha generado un fuerte rechazo en el sector agropecuario. A partir del 1 de julio, estos productos volverán a tributar las alícuotas originales de 33% para la soja, 12% para el maíz y 7% para otros cultivos. Esta medida se enmarca dentro del Decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete.
En contraste, se ha decidido extender hasta el 31 de marzo de 2026 la reducción transitoria de retenciones para el trigo y la cebada, que mantendrán una alícuota del 9,5%. Esta medida, aunque bien recibida por algunos sectores, no ha generado un incremento significativo en la superficie sembrada, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
Impacto de la Nueva Normativa
La nueva normativa también establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Este cambio busca facilitar la operativa financiera de las empresas, ya que el plazo anterior era de 15 días. Sin embargo, quienes no cumplan con este requisito deberán abonar la alícuota más alta correspondiente a cada producto.
El costo fiscal de la prórroga para el trigo y la cebada se estima en alrededor de 100 millones de dólares. En cambio, la finalización de la reducción de las retenciones sobre soja y maíz podría significar una transferencia adicional cercana a 1.000 millones de dólares en términos de recaudación, lo que afecta principalmente a las provincias agrícolas como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Preocupaciones del Sector Agropecuario
Diversos actores del sector han expresado su descontento ante la medida. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que más allá de los formalismos administrativos, las prórrogas no son la solución. Destacó que, a pesar de la rebaja temporal de las retenciones, muchos productores enfrentan márgenes ajustados que dificultan la toma de decisiones para la próxima campaña agrícola.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), se han manifestado a favor de la eliminación de las distorsiones que generan las retenciones, sugiriendo que es necesario avanzar hacia un esquema más amplio que incluya a todo el complejo agroindustrial exportador.
Un Llamado a la Acción
Coninagro, que agrupa cooperativas de todo el país, también ha expresado su preocupación por la finalización de la rebaja en las retenciones, indicando que esto genera desigualdad y afecta los procesos productivos. El mensaje es claro: el campo necesita reglas claras y políticas a largo plazo para poder invertir y crecer.
Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) han rechazado el restablecimiento de las retenciones plenas, solicitando al Gobierno una revisión urgente de esta decisión. Coinciden en que el regreso de las alícuotas más altas amenaza con profundizar las brechas de rentabilidad entre cultivos y regiones, lo que podría desalentar la inversión en tecnología e innovación.
Ante este panorama, el sector agropecuario mantiene un mensaje unificado: las retenciones deben ser eliminadas definitivamente, ya que representan el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo del sector. La certeza de un horizonte fiscal estable y previsible es crucial para la planificación y sostenibilidad de la agroindustria en Argentina.
El campo está decidido a no ceder en su reclamo, convencido de que solo así podrá contribuir plenamente a la economía del país. Mantente informado sobre este tema crucial y participa en el debate sobre el futuro del agro argentino. ¡Tu voz cuenta en esta importante conversación!
