El clima de tensión en el Congreso argentino se intensifica con la nueva medida de fuerza de las universidades nacionales, en un contexto donde se acumulan temas como salud, discapacidad y jubilaciones. La financiación universitaria se suma a la agenda, tras una movilización que busca la sanción de una ley propuesta por rectores y gremios docentes.
La convocatoria para el 2 de julio, impulsada por opositores agrupados en Democracia para Siempre, incluye seis expedientes que abordan todas las etapas educativas, buscando soluciones para estudiantes, docentes y personal no docente. Entre ellos se destaca la propuesta de financiamiento universitario presentada el 28 de mayo, que demanda reapertura de paritarias,fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico. También se propone la creación de un fondo de $10.000 millones, con ajustes anuales por IPC, destinado a impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Desarrollo del Proyecto y Conversaciones en el Congreso
La oposición ha criticado que ciertos temas no son discutidos en las comisiones presididas por Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (La Libertad Avanza). Esto ha llevado a conversaciones entre seis bloques para garantizar el quórum en la sesión del próximo miércoles, buscando forzar el debate sobre estos temas. El pasado 4 de junio, el primer intento de alcanzar este objetivo fracasó.
La situación se agrava según un estudio de CONADU, que revela que las transferencias para gastos corrientes en los primeros cinco meses fueron un 22,5% más bajas en términos reales comparadas con el mismo período de 2023. Además, en mayo, los docentes recibieron un 28,1% menos que en noviembre de 2023, lo que demuestra la falta de convocatoria para paritarias desde octubre, mientras que los aumentos se implementan por decreto, por debajo de la inflación.
El Senado, que espera otras medidas de la Cámara de Diputados, como la emergencia por discapacidad y el aumento a jubilaciones, muestra mayor optimismo para alcanzar las mayorías necesarias. En este marco, se convocaron autoridades universitarias a la Comisión de Educación, donde se discutió la necesidad de un financiamiento adecuado para garantizar la proyección a largo plazo de las universidades.
La reciente discusión sobre el DNU 425/25, que establece los fondos para la política salarial de los sectores docentes y no docentes, también ha generado preocupación. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios, se señala que este decreto implica el pago de salarios sin aumentos, ya que se justifica por la falta de un presupuesto adecuado para el año 2025.
La situación del financiamiento universitario es crítica y requiere atención inmediata. La movilización de las universidades y la presión de la oposición podrían ser clave para avanzar en la discusión y conseguir un apoyo necesario para resolver estos problemas de financiamiento. La comunidad educativa sigue esperando respuestas que garanticen el funcionamiento y desarrollo de la educación superior en el país.
