La reciente modificación del estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) ha generado un intenso debate en el ámbito político. A través del DNU 383/2025, el Gobierno, liderado por Javier Milei y Patricia Bullrich, introdujo cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la fuerza policial, lo que ha llevado a una rápida respuesta desde la oposición en el Congreso.
La reforma, considerada como la más ambiciosa en materia de seguridad de este año, incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la ampliación de las facultades de la PFA, lo que ha suscitado preocupaciones respecto al control judicial y parlamentario sobre las acciones policiales.
Reacciones de la oposición y proyectos de derogación
Desde la oposición, se han presentado tanto iniciativas judiciales como proyectos de derogación del decreto. El artículo 6° de la reforma es particularmente controvertido, ya que otorga a la PFA la capacidad de realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales y llevar a cabo detenciones sin necesidad de autorización judicial, lo que ha generado alarma entre diversos sectores.
Los diputados opositores han manifestado su descontento, argumentando que estas medidas pueden llevar a abusos y afectar la libertad de expresión. La exministra de Seguridad, Sabina Fréderic, ha resaltado la necesidad de desarrollar capacidades especializadas en delitos económicos y cibernéticos, criticando que la reforma parece orientarse hacia un fortalecimiento de la PFA sin el adecuado control necesario.
Posicionamientos en el Congreso
Las voces a favor de la reforma, como Laura Rodríguez Machado del PRO, defienden que la medida permitirá a la PFA cumplir con su misión original de combatir delitos federales. Sin embargo, la crítica de la oposición se centra en la falta de claridad en las nuevas facultades y el potencial uso discrecional de la fuerza policial.
El diputado Matías Molle ha calificado el DNU como ambiguo y ha expresado que no se vislumbran medidas concretas para modernizar la policía. También ha alertado sobre la posibilidad de un estado de excepción que afecte a manifestaciones sociales y la política en general.
Implicaciones legales y derechos humanos
La oposición está considerando llevar el asunto a instancias internacionales. El diputado Fernando Carbajal anticipó que se presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, argumentando que la reforma representa una violación de los derechos humanos, al permitir a la policía realizar detenciones y requisas sin control judicial.
Además, un grupo de abogados, entre ellos la exdiputada Victoria Donda, ya ha presentado un habeas corpus para salvaguardar los derechos de los manifestantes tras la implementación de la reforma. A pesar de la controversia, el debate sobre el futuro de la PFA y su reforma continúa en el Congreso.
Este panorama plantea importantes interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles en Argentina. La discusión sobre la reforma de la Policía Federal no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también impacta directamente en la sociedad y en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.
¿Cuál es tu opinión sobre la reforma de la Policía Federal? Te invitamos a seguir el debate y compartir tus perspectivas sobre este tema crucial para la seguridad y los derechos en el país.
