El gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo al disolver el fideicomiso creado para financiar obras públicas bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP). Este decreto, publicado recientemente, marca el fin de un proyecto iniciado en 2017 durante la administración de Mauricio Macri, cuyo objetivo era garantizar los pagos de contratos a empresas privadas involucradas en la infraestructura vial.
La normativa 415/2025, que lleva la firma de Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, establece la disolución del Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS). Este fideicomiso fue creado en función del artículo 60 de la Ley de Presupuesto 2018, que fue aprobada por el gobierno de Macri y la oposición en el Congreso a finales de 2017.
Contexto y Objetivos del Fideicomiso
En 2017, el gobierno de Cambiemos presentó la Ley 27328, estableciendo un marco para los contratos de PPP. Este esquema buscaba facilitar la colaboración entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo de proyectos en áreas como infraestructura, vivienda, servicios e innovación tecnológica.
El fideicomiso estaba diseñado para financiar grandes proyectos de infraestructura, especialmente la mejora de rutas y autopistas, utilizando recursos del Estado y fondos provenientes de peajes futuros. La contraprestación por la inversión se realizaría a través de Títulos de Pago por Inversión (TPI).
Fin del Esquema de Participación Público-Privada
En junio de 2018, el gobierno de Macri adjudicó obras en 4,000 kilómetros de corredores viales a unas 15 empresas, según el Boletín Oficial. Sin embargo, los trabajos se iniciaron un año después, en medio de un contexto electoral que culminó con el regreso del peronismo al poder. Durante la gestión de Alberto Fernández, las licitaciones de PPP se detuvieron y en 2020 se decidieron extinguir todos los contratos, ya que solo se habían ejecutado el 2% de las obras prometidas.
El decreto de disolución indica que, tras la baja de contratos y la transferencia de las obras a Vialidad Nacional, el único propósito del fideicomiso era el pago de los Títulos de Pago por Inversión. Sin embargo, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señaló la falta de información sobre los beneficiarios de los TPI, lo cual era necesario para cumplir con la normativa de prevención del lavado de activos.
Actualmente, las obligaciones por los TPI emitidos ascienden a $84,954 millones, y según el decreto, las disponibilidades del fideicomiso son suficientes para cumplir con estos compromisos. Ante la falta de nuevos contratos, el gobierno de Milei ha decidido disolver el fideicomiso mencionado, cerrando así un capítulo en la historia de la infraestructura pública en Argentina.
Este cambio no solo refleja una política de reestructuración del gobierno actual, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la obra pública y la inversión en infraestructura en el país.
