Narcotráfico: La Cámara Federal de Casación Penal Impide Libertades Anticipadas
La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado un fallo que afecta directamente a aquellos condenados por narcotráfico que buscan acceder a beneficios de salidas anticipadas. Este jueves, el tribunal validó el plenario conocido como Tobar Coca, que establece que los imputados en casos de narcotráfico no podrán beneficiarse de institutos liberatorios durante el cumplimiento de sus penas.
El 8 de abril de 2025, la Cámara aprobó el fallo plenario Nro. 16, que confirma la constitucionalidad de la ley 27.375, conocida como Ley Petri. Esta normativa prohíbe a las personas condenadas por narcotráfico acceder al régimen general de salidas anticipadas, consolidando así una postura firme del sistema judicial ante este delito.
Reacciones y Efectos del Fallo
Recientemente, la Sala IV del Tribunal declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por la defensa de tres imputados por narcotráfico en diversas ciudades del país. Los jueces, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, señalaron que los argumentos de la defensa ya habían sido abordados y resueltos por la Cámara en el fallo Tobar Coca. Este fallo reafirma la compatibilidad de los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660 con los principios de igualdad y razonabilidad de los actos de gobierno.
La decisión de la Cámara de Casación ha sido recibida con apoyo por parte de varios sectores, quienes consideran que es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico. Esta medida es vista como un fortalecimiento de la política penal en el país, buscando desincentivar la criminalidad relacionada con las drogas y reafirmar el compromiso del sistema judicial en proteger a la sociedad.
Implicaciones de la Ley Petri
La Ley Petri fue diseñada para endurecer las penas y restringir los beneficios para quienes cometen delitos relacionados con el narcotráfico. La normativa busca garantizar que los condenados por estos delitos enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera más efectiva, evitando que accedan a beneficios que podrían poner en riesgo la seguridad pública.
Este enfoque ha generado un debate en la sociedad sobre la efectividad de las políticas de control del narcotráfico y el balance entre la justicia y la reinserción social de los condenados. Sin embargo, las autoridades judiciales argumentan que las medidas son necesarias para combatir un problema que afecta profundamente a diversas comunidades en el país.
La firmeza de la Cámara Federal de Casación Penal en este asunto refleja un compromiso por parte del Estado para enfrentar el narcotráfico y sus consecuencias, buscando asegurar un entorno más seguro para la ciudadanía.
