El próximo 29 de abril a las 11 horas, la Cámara de Diputados realizará una sesión para declarar la emergencia en el sector de discapacidad a nivel nacional. Esta convocatoria surge tras garantizarse el dictamen de mayoría, y se espera que, si logra la media sanción, el proyecto pase al Senado para su consideración.
A pesar del rechazo del Gobierno a la propuesta, se ha reconocido la necesidad de reformar el sistema actual de auditorías. Sin embargo, no se ha anunciado un nuevo esquema, lo que genera preocupación en medio de la parálisis en la concesión de pensiones.
Detalles sobre la emergencia en discapacidad
La declaración de emergencia busca establecer un presupuesto específico para actualizar las retribuciones de los prestadores de servicios, como transportistas y acompañantes terapéuticos, así como los fondos destinados a trabajadores con discapacidad que laboran en talleres asistidos, quienes actualmente perciben $28.000 mensuales, cifra que no se ha modificado desde febrero de 2023.
Además, se solicita mejorar la eficiencia en los procesos de auditoría y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se han concedido apenas 586 de las 500.000 solicitudes presentadas.
Apoyo y oposición al proyecto
El diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor del proyecto, destacó la urgencia de la situación, mencionando que hay desesperación y angustia entre muchas familias. Su planteamiento ha recibido respaldo de varios bloques, incluyendo Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica. Sin embargo, la sesión podría no iniciar si no hay asistencia perfecta de los diputados que apoyan la iniciativa.
Rechazo de la Agencia Nacional de Discapacidad
Tras conocerse el respaldo mayoritario a la propuesta, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un comunicado en el que expresa su rechazo al proyecto, argumentando que representa un enfoque regresivo y asistencialista que ignora estándares internacionales de inclusión. Según ANDIS, las personas con discapacidad no buscan asistencia económica pasiva, sino políticas públicas que aseguren su inclusión en todos los aspectos de la vida.
ANDIS también criticó la gestión actual por el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad.
Nuevos controles para auditorías de pensiones por invalidez
El Gobierno ha decidido derogar la Resolución 187/2025, que regulaba las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Este cambio, anunciado por el Ejecutivo, implica que el proceso de revisión continuará bajo un nuevo procedimiento que se confirmará en las próximas semanas. La derogación se formalizó mediante la Resolución 1172/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El objetivo de este cambio es mejorar los criterios de evaluación de las pensiones, incorporando referencias a normativas internacionales que buscan garantizar una mejor inclusión y autonomía para las personas con discapacidad.
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