El Gobierno ha decidido poner en pausa las auditorías relacionadas con las pensiones por invalidez laboral. Esta medida se produce tras la derogación de la Resolución 187/2025, que fue emitida el 16 de enero con el objetivo de regular y auditar estas pensiones no contributivas. La revisión continuará bajo un nuevo procedimiento que se anunciará en las próximas semanas.
La derogación fue formalizada con la publicación de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el Boletín Oficial. Este cambio responde a la necesidad de identificar diversas oportunidades de mejora en los criterios de evaluación utilizados en la auditoría anterior.
Modificaciones en el procedimiento de auditoría
Según se detalla en los considerandos de la nueva resolución, el Gobierno ha observado que los criterios de evaluación no se alineaban con normativas internacionales. La auditoría anterior contemplaba un proceso que incluía entrevistas y verificaciones médicas sobre más de un millón de beneficiarios, y se había encontrado un alto porcentaje de casos de fraude.
- Identificación de irregularidades: Casos de beneficiarios sin discapacidad certificada y documentación falsificada.
- Enfoque en la transparencia: Se busca garantizar que el proceso de auditoría sea justo y efectivo, alineándose con criterios internacionales.
- Revisión exhaustiva: La ANDIS debe elaborar una nueva propuesta que contemple criterios actualizados para la evaluación de invalidez laboral.
Impacto de las auditorías en los beneficiarios
A pesar de la intención inicial del Gobierno de avanzar con las auditorías, se ha decidido revisar y actualizar el procedimiento. Se estima que aproximadamente un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos necesarios para percibir el pago de la pensión.
En este contexto, la ANDIS deberá trabajar en una propuesta que contemple un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones por invalidez laboral. Este cambio es fundamental para asegurar que los recursos públicos se utilicen adecuadamente y que aquellos que realmente lo necesitan reciban el apoyo correspondiente.
El proceso de auditoría que modificará el Gobierno estaba inicialmente diseñado en varias etapas, con un enfoque progresivo que incluía la revisión de las pensiones más recientes. Ahora, con las nuevas normativas, se espera un enfoque más alineado con las mejores prácticas internacionales.
Es vital que los ciudadanos se mantengan informados sobre estos cambios en las políticas de auditoría y pensiones, ya que afectan directamente el bienestar de muchas familias. Compartir esta información contribuye a una mayor comprensión y participación en los asuntos relacionados con la discapacidad y el sistema de pensiones en el país.
