El Gobierno Elimina Requisitos para Comerciantes de Armas y Municiones
El Gobierno ha implementado una desregulación significativa en los requisitos que deben cumplir los comerciantes, talleres y fábricas de armas y municiones. Esta medida, parte del plan de simplificación administrativa de la gestión de Javier Milei, busca facilitar la operación de los actores del sector.
La Resolución 49/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Juan Pablo Allan, director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), elimina la exigencia de contar con habilitaciones municipales e inscripciones específicas ante el organismo para una amplia gama de usuarios comerciales e industriales del sector.
Beneficios de la Nueva Normativa
La normativa beneficiará a una variedad de actores, incluyendo:
- Distribuidores mayoristas y minoristas
- Talleres de reparación de armas
- Fábricas de armas artesanales (hasta 1.200 unidades anuales)
- Fábricas de municiones y componentes
- Depósitos de armas y municiones
- Entidades de tiro con instalaciones propias
Además, el cambio también abarca a talleres de recarga de municiones y plantas de destrucción de materiales especiales, como los utilizados en vehículos blindados. El objetivo de esta medida es reducir la carga regulatoria en un sector que enfrenta una fuerte dispersión normativa, dado que en Argentina existen alrededor de 2.000 municipios, cada uno con diferentes exigencias locales que complican el funcionamiento del mercado legal de armas.
A pesar de esta flexibilización, es importante destacar que los beneficiarios seguirán obligados a cumplir con las normativas de seguridad establecidas para el almacenamiento y guarda de materiales controlados. El texto oficial aclara que contar o no con la habilitación de ANMAC no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales o municipales que rijan su actividad.
Cambios en el Manejo de Armas Decomisadas
Paralelamente, ANMAC ha avanzado en la reutilización de armas decomisadas por las fuerzas de seguridad federales. El armamento incautado permanecerá bajo resguardo del organismo hasta que el Ministerio de Seguridad defina su destino, según lo dispuesto por el DNU firmado por el presidente Milei.
En caso de sentencias firmes, ANMAC podrá decidir si las armas serán destruidas o reasignadas con fines de interés público. Sin embargo, este armamento solo podrá ser utilizado por las fuerzas policiales o de seguridad federales. Esta medida se argumenta como una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar los recursos estatales.
En resumen, la eliminación de requisitos para comerciantes y fábricas de armas y municiones busca simplificar la regulación en un sector complejo, mientras que las nuevas directrices sobre armas decomisadas reflejan un enfoque proactivo en la gestión de recursos estatales y la seguridad pública.
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