La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado el protocolo del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, en un fallo que responde a la queja presentada por la defensa de Guillermo Rafael Boscán Brancho, alias Yiyi, quien lideraba una de las bandas criminales más significativas del estado de Zulia, Venezuela.
Boscán Brancho, de 34 años, es acusado de llevar a cabo múltiples homicidios y atentados en su país. Su defensa alegó violaciones al derecho de defensa, argumentando que el protocolo establecido limitaba su comunicación con familiares y abogados, afectando su bienestar y la calidad de su defensa. Ante esta situación, el juzgado federal accedió a su pedido, ampliando los días de visita y las comunicaciones telefónicas.
Revisión del Habeas Corpus
A pesar de la decisión del juzgado, la defensa presentó un habeas corpus argumentando que su cliente no podía defenderse adecuadamente debido a las restricciones impuestas por el protocolo de alto riesgo. En este sentido, denunciaron que la incorporación de Boscán Brancho al sistema violaba sus derechos conforme a la ley 24.767, que regula la extradición.
Al momento de emitir su resolución, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida previa que extendió las visitas y comunicaciones, pero no accedió a modificar el régimen de detención. Se argumentó que el juez que atendió el habeas corpus había actuado correctamente, ya que el cuestionamiento del protocolo no era la vía adecuada para tratar el asunto.
Decisión Final de la Cámara Federal
El martes pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal emitió un fallo que respaldó la decisión de la Cámara de Apelaciones y del juez federal. Así, se ratificó la acción de habeas corpus, permitiendo a Boscán Brancho una visita semanal de 60 minutos y la posibilidad de realizar comunicaciones telefónicas de 40 minutos por semana.
El jefe de la banda criminal fue detenido el año pasado en Corrientes, utilizando una identidad falsa, y es buscado tanto por las autoridades venezolanas como por Interpol. Este caso resalta la complejidad del sistema judicial en torno a los presos de alto riesgo y el manejo de sus derechos dentro de un marco legal.
La resolución de este caso subraya la importancia de garantizar derechos fundamentales incluso en contextos de alta seguridad. A medida que el sistema judicial continúa evolucionando, será crucial observar cómo se manejan estos protocolos y su impacto en la defensa de individuos involucrados en actividades delictivas.
Para obtener más información sobre el desarrollo de este y otros casos relevantes, permanece atento a las actualizaciones judiciales y legislativas que puedan afectar tanto a los presos de alto riesgo como a los derechos de defensa en el sistema penal.
