La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py se encuentra en una situación crítica, con un clima de tensión creciente. Desde el 1 de abril, se ha hecho pública una causa penal que involucra al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la cual fue impulsada por el fiscal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani. Este expediente, que alega abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, ha tomado un nuevo rumbo en las últimas horas.
El fiscal Carlos Stornelli, encargado de la instrucción del caso, ha convocado al subsecretario de política criminal, Alberto Nanzer, para que declare el próximo martes a las 10 en los tribunales federales. Esta citación surge tras la respuesta escrita de Nanzer sobre los fondos destinados a la implementación del sistema acusatorio en la zona de Retiro, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre en el ámbito judicial.
Novedades sobre la Implementación del Sistema Acusatorio
La citación de Nanzer se produce después de un pedido de información que realizó Stornelli, el cual busca esclarecer aspectos administrativos relacionados con el nuevo Código Procesal Penal Federal. Entre los puntos solicitados se encuentran la asignación de recursos, la distribución de juzgados y las partidas presupuestarias necesarias para la implementación del sistema. Esta situación ha encendido las alarmas entre los fiscales, quienes ven con preocupación la falta de recursos para llevar a cabo el nuevo proceso judicial.
El 25 de abril, Nanzer presentó una extensa respuesta, donde afirmó que el Ministerio cuenta con más de $4.3 mil millones para la adquisición de equipamiento informático y mobiliario. Sin embargo, no aclaró cómo se distribuirán estos fondos en la Capital Federal, lo que ha suscitado dudas sobre la preparación para la implementación del sistema acusatorio, que está programada para comenzar el 11 de agosto.
Preocupaciones entre los Fiscales
Los fiscales han comenzado a expresar su descontento. Un grupo de fiscales de primera instancia planea elevar una carta al Procurador General, Eduardo Casal, señalando la falta de recursos necesarios para aplicar el nuevo sistema. Este descontento se refleja en la creciente presión para que se replanteen las asignaciones presupuestarias y se garantice la correcta implementación del acusatorio.
La comparación de gastos también ha generado preocupación. Por ejemplo, se ha informado que la renovación del cableado eléctrico en el edificio de Retiro costará más de $866 millones, lo que representa un cuarto de la nueva asignación de fondos. Esto deja a los fiscales en una situación complicada, donde deben cubrir múltiples vacantes y necesidades sin los recursos adecuados.
Desafíos en la Preparación para el Sistema Acusatorio
Un diagnóstico reciente ha revelado que Comodoro Py es una de las jurisdicciones menos preparadas para recibir el sistema acusatorio. La falta de equipamiento informático adecuado ha obstaculizado la instalación de software esencial para procesar la información necesaria. Funcionarios han expresado su preocupación al afirmar que nadie quiere ser rata de experimentos, en referencia a la falta de planificación del gobierno en este cambio.
La Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado instando a las autoridades a reconsiderar sus decisiones en cuanto al presupuesto. Este llamado a la acción busca asegurar que el nuevo sistema se implemente de manera efectiva y que se cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento.
Implicaciones para los Jueces y el Consejo de la Magistratura
Mientras tanto, el clima en la justicia también se complica con la situación de dos jueces que enfrentan serias acusaciones. El juez Marcelo Bailaque ha sido acusado de diversos delitos en el ejercicio de su cargo y enfrenta una posible destitución. Por otro lado, el juez Martín Poderti, involucrado en un escándalo relacionado con el robo de monedas de oro, también se encuentra en la cuerda floja.
Ambos casos reflejan la creciente presión sobre el sistema judicial y la necesidad de una depuración interna. El Consejo de la Magistratura se prepara para abordar estas situaciones, lo que podría llevar a cambios significativos en la estructura judicial.
La situación en Comodoro Py es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el sistema acusatorio en su implementación. La falta de recursos, la presión de los fiscales y las acusaciones contra jueces crean un panorama complejo que requerirá atención inmediata para garantizar la efectividad del nuevo sistema judicial.
