Recientemente, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó una sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano a restablecer el suministro de alimentos a los comedores comunitarios. Esta decisión representa un paso significativo en la lucha por garantizar los derechos alimentarios de los ciudadanos, especialmente en momentos críticos.
El fallo se produjo tras un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), respaldado por el CELS y el abogado Juan Grabois. La resolución subraya la importancia de la asistencia alimentaria, destacando que el Estado no puede suspenderla sin incurrir en una violación grave de derechos constitucionales.
Detalles del Fallo Judicial
La decisión fue tomada por un panel de jueces que incluyó a Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid. Ellos enfatizaron que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la asistencia alimentaria, un derecho fundamental que no puede ser vulnerado. Este fallo no solo refleja la postura judicial sobre el tema, sino que también representa la voz de muchos ciudadanos que dependen de estos servicios.
La UTEP, en un comunicado, destacó que este fallo se suma a otros pronunciamientos judiciales en contra de las políticas del actual gobierno en materia de asistencia social. Ya son 12 los jueces que se han manifestado en contra de las políticas del presidente Milei y de la ministra Pettovello, afirmaron.
Exigencias Adicionales a Capital Humano
Además de la sentencia principal, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 también intimó a Capital Humano a abastecer 53 comedores comunitarios adicionales. Esta medida se suma a una orden previa que ya exigía el abastecimiento de otros 66 comedores. En total, se requiere que el ministerio incorpore a estos nuevos espacios en los programas alimentarios vigentes.
El tribunal subrayó la gravedad de la situación, haciendo hincapié en el derecho alimentario vulnerado y el comportamiento dilatorio de la cartera liderada por Pettovello. Esta situación plantea un desafío urgente que el Ministerio debe abordar de manera efectiva y responsable.
Investigaciones en Curso sobre la Ministra
La ministra Sandra Pettovello enfrenta, además, acusaciones de posibles delitos relacionados con la compra de alimentos. La denuncia fue interpuesta por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Las acusaciones incluyen malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La investigación ha cobrado relevancia desde que el fiscal solicitó información a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, relacionada con transferencias y licitaciones de alimentos. Este contexto añade un nivel de complejidad a la situación actual del Ministerio y su capacidad para cumplir con las órdenes judiciales.
Implicaciones para la Asistencia Social
La resolución de la Justicia resalta la necesidad de un compromiso renovado por parte del gobierno para asegurar que los derechos alimentarios de todos los ciudadanos sean respetados. La asistencia a los comedores no es solo un tema de política pública, sino una cuestión de derechos humanos fundamentales.
Las decisiones judiciales ponen en evidencia la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la asistencia social. Es esencial que se tomen medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro y que se garantice un abastecimiento adecuado y constante a aquellos que más lo necesitan.
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