Recientemente, el Poder Ejecutivo nacional emitió el Decreto 274/2025, que modifica ciertas facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación con delitos de lavado de activos. Este cambio ha generado diversas reacciones en el ámbito académico y profesional, destacando la postura del Centro de Estudios en lo Penal Tributario, que aplaude la medida por su enfoque en la autonomía de la UIF.
La modificación más relevante se encuentra en el artículo 10 del decreto, el cual deroga el Decreto 2226/2008. Este decreto anterior permitía al titular de la UIF actuar como parte querellante en investigaciones relacionadas con el encubrimiento y lavado de activos. Según los académicos, esta nueva disposición busca despolitizar el organismo y centrar sus funciones en la prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Opiniones Académicas sobre la Reforma
Mariano Cúneo Libarona, quien se ha pronunciado a favor de la reforma, sostiene que es crucial que la UIF mantenga su independencia para salvaguardar el orden económico-financiero. En su opinión, los organismos similares en otros países operan de manera autónoma, y la intervención como querellante no es una función habitual que deban asumir.
El Centro de Estudios, presidido por Humberto J. Bertazza, también subraya que la UIF debería continuar ejerciendo su poder de policía y servir como órgano consultivo de los Ministerios Públicos fiscales, pero sin asumir un papel activo en los procesos judiciales. Esta visión resalta la necesidad de preservar la integridad y la efectividad de la UIF en su función principal.
Implicaciones de la Nueva Normativa
La decisión del gobierno se produce en un contexto donde la lucha contra el lavado de activos es más relevante que nunca. La UIF debe concentrarse en sus tareas de supervisión y regulación, dejando las acciones judiciales a las instancias correspondientes. Este enfoque es visto como un paso hacia una mayor eficacia en la gestión de la información financiera y en la lucha contra el crimen organizado.
Este cambio en la normativa también plantea preguntas sobre cómo se adaptarán otros organismos y qué medidas adicionales podrían ser necesarias para asegurar un sistema financiero más seguro y transparente. La comunidad académica y profesional está atenta a cómo se implementarán estas reformas y cuál será su impacto en la práctica.
¿Qué Sigue Para la UIF?
Con la nueva normativa, se abre un espacio para discutir el futuro de la UIF y su papel en el sistema judicial argentino. Los académicos y profesionales abogan por un enfoque que priorice la prevención y la educación sobre el lavado de activos, en lugar de la intervención directa en los procesos judiciales.
La discusión sobre la autonomía de la UIF y su capacidad para actuar de manera efectiva es crucial para el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el sistema financiero. ¿Estás interesado en conocer más sobre cómo estas reformas pueden afectar la lucha contra el lavado de activos en Argentina? Mantente informado y participa en el diálogo sobre este tema crucial para el futuro económico del país.
