La reciente decisión del Gobierno argentino de avanzar con la privatización de represas hidroeléctricas ha generado un fuerte rechazo en las provincias afectadas. Este proceso, impulsado mediante el decreto 263/05, establece un plazo de 15 días para la licitación de importantes complejos hidroeléctricos, un tiempo considerado insuficiente por los gobernadores de las provincias involucradas.
En particular, la provincia de Río Negro ha manifestado su desacuerdo, señalando que el tiempo otorgado es menor al solicitado para una revisión adecuada del proceso. Esta situación ha llevado a un trabajo conjunto entre las provincias de Río Negro y Neuquén para presentar observaciones y asegurar que se consideren sus intereses en la gestión de estos recursos estratégicos.
Nuevos Plazos para la Privatización
La administración de Javier Milei ha fijado un nuevo plazo de 15 días para el inicio del concurso público que permitirá la venta de acciones mayoritarias de cuatro represas clave: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta decisión ha suscitado críticas, especialmente porque los gobernadores habían solicitado un período más extenso para garantizar una participación efectiva en el proceso licitatorio.
Desde Río Negro, se enfatiza que la participación de las provincias no debe limitarse a un simple proceso de consulta, sino que debe reflejarse en una verdadera colaboración en el diseño del nuevo esquema de concesiones. Este enfoque busca proteger los intereses regionales y asegurar que las decisiones tomadas tengan en cuenta el impacto ambiental, social y económico que estas represas generan.
Reacciones y Consideraciones de las Provincias
Ambas provincias han expresado la necesidad de realizar un análisis exhaustivo del proceso licitatorio. Los equipos técnicos provinciales están trabajando en el estudio de los pliegos de licitación para formular observaciones que aseguren una gestión equitativa y sostenible de nuestros recursos, señalaron los funcionarios de Río Negro y Neuquén.
El gobierno de Río Negro subrayó que cualquier decisión respecto al futuro de las represas debe considerar el impacto que estas infraestructuras tienen en los territorios donde se encuentran. Además, reclamaron que la condición de las provincias como titulares de los recursos naturales sea preservada, en una postura firme que apunta a asegurar su participación activa en la gestión de estos recursos.
Acordando un Futuro Sostenible
En agosto pasado, los gobernadores de Río Negro y Neuquén se reunieron con el entonces secretario de Energía, Eduardo Chirillo, donde se acordó que las provincias tendrían un rol activo en el diseño del concurso que definirá las condiciones futuras de las represas en el río Limay. No cederemos en la defensa de nuestros recursos y derechos, afirmó el gobernador Weretilneck durante el encuentro.
Las represas involucradas fueron transferidas a nuevas entidades mediante el Decreto 718/2024, que originalmente establecía un plazo de 180 días para convocar el concurso. Sin embargo, modificaciones en el cronograma han generado incertidumbre sobre el proceso. Con la nueva prórroga, el Gobierno busca avanzar con la privatización mientras otorga un espacio para la participación de las provincias y otros organismos relevantes.
El texto oficial enfatiza que se debe fijar un plazo de quince días para que las provincias y los organismos interjurisdiccionales involucrados participen adecuadamente en el proceso, asegurando que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones críticas.
En medio de esta controversia, las provincias continúan trabajando en conjunto, abogando por un manejo sostenible y equitativo de los recursos hídricos, esenciales para el desarrollo energético del país y el bienestar de sus habitantes.
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